“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos...”
- Artículo 32, párrafo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
1. La única manera de asegurar el cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París relativo al aumento de la temperatura global en 1,5 C, protegiendo con ello los modos de vida y los sistemas de alimentos y ecosistemas de los Pueblos Indígenas de todo el mundo, es que todos los Estados se comprometan en la COP 28 a una eliminación gradual, equitativa y basada en los derechos, de los combustibles fósiles, acompañada con el compromiso por una transición justa y equitativa hacia fuentes de energía sostenibles y no basadas en el carbono.
2. Las discusiones en curso sobre la “Transición Justa” que se iniciaron durante SBSTA en junio de 2023 se basan en soluciones y pueden contribuir sustancialmente a la reducción de los gases de efecto invernadero, la prevención de pérdidas y daños, la protección de los ecosistemas del planeta, la biodiversidad y los modos de vida de los Pueblos Indígenas.
3. El término “Transición Justa” y los criterios que rigen su aplicación aún no se han definido completamente. Nos preocupa que, a menos que se aclaren y confirmen tal definición y criterios, y se establezcan sólidamente salvaguardas de derechos y ambientales, los proyectos ejecutados en nombre de la “Transición Justa” conduzcan a un lavado verde de prácticas destructivas que violan aún más los derechos de los Pueblos Indígenas, similar al modo en que ya se promueven e implementan las soluciones “basadas en la naturaleza” y “cero emisiones netas”.
4. Los derechos, perspectivas, sistemas de conocimiento y experiencias vividas de los Pueblos Indígenas deben ser considerados y tomados en cuenta en las definiciones, criterios e implementación de los proyectos y programas de la “Transición Justa”.
5. Los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos, entre otros, los artículos 12, 26 y 32, así como el compromiso estipulado en el párrafo 11 del preámbulo del Acuerdo de París, deben proporcionar un marco para definir lo que es “justo” en este aspecto.
6. La extracción de minerales de transición como el litio, cobre, níquel, cromo y helio, la construcción de mega represas, el establecimiento de plantaciones de aceite de palma y otros monocultivos, y la construcción de parques eólicos industriales son varios ejemplos de “Transición Justa” implementados en las tierras y territorios de Pueblos Indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. Esto no puede definirse como una transición fuera de “lo habitual” y estas actividades ciertamente no pueden llamarse “justas”.
7. Considerando que la agricultura industrial también contribuye significativamente a la generación de gases de efecto invernadero, entre otras cosas mediante la degradación del suelo, los monocultivos y la deforestación, exigimos la protección y restitución de la agroecología basada en las prácticas ancestrales, los conocimientos y la ciencia de los pueblos indígenas, y la abolición progresiva de las prácticas agrícolas industriales como parte integral de la “Transición Justa”.
8. Los conocimientos, la ciencia y las prácticas comprobadas a lo largo del tiempo de los Pueblos Indígenas pueden contribuir sustancialmente a las discusiones y decisiones políticas actuales y en curso relativas a la “Transición Justa”, incluida la integración de tecnologías ancestrales y nuevas tecnologías sostenibles implementadas con el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas afectados. Por lo tanto, los Pueblos Indígenas deben participar plenamente en todos estos debates a nivel nacional e internacional.